El grupo de Gobierno, a través del ejercicio del
pleno ordinario, con fecha 10 de noviembre de 2022, ha propuesto en el orden del día un punto correspondiente a la adhesión por parte del Ayuntamiento a la comunidad energética TODA SEVILLA, de la mano del grupo Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores (GDR). Este ha sido aprobado por unanimidad con los votos a favor de ambos grupos representados en la sesión, el grupo de Gobierno (NIVA), y el grupo de la oposición (PSOE).
La creación de esta comunidad energética, probablemente sea una de las mayores de España, e impulsará la innovación social y la participación ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica. Actualmente se está en el proceso de finalización de los estudios técnicos para la presentación de los correspondientes incentivos y captación de financiación externa para su puesta en marcha.
En esta primera fase, el proyecto propone inversiones en instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales que generan la energía compartida o distribuida en las distancias legalmente permitidas dentro del municipio, y que próximamente se ampliará de los 500 metros permitidos en la actualidad.
También se proyecta el desarrollo de puntos de recarga eléctrica en cada municipio. El proyecto es escalable y se irán incorporando nuevas innovaciones e inversiones, que mejoren y faciliten la economía y la conciencia en la transición energética.
Las familias y pymes integradas en la comunidad energética, se beneficiarán de entre un 25 y un 30% de ahorro directo de su factura actual, junto con una gestión digitalizada, socialmente actualizada y comprometida. Además, la comunidad energética podría negociar el precio del resto del consumo en la comunidad energética, lo que supone un mayor ahorro, comparativamente con los usuarios fuera de la comunidad energética.
La finalidad es que los ciudadanos residenciales, empresas y la propia administración, de forma individual o colectiva, generen su propia energía, eso sí, de origen renovable y la puedan autoconsumir, incluso compartir usando la red eléctrica general, sin que tengan obstáculos legales ni impedimentos por parte de las comercializadoras y las distribuidoras de energía y donde, y esto es base fundamental y se repite en todos los escritos, las administraciones locales tienen un papel principal, protagonista, impulsando y facilitando el desarrollo de CELs desde la participación activa y por la disponibilidad de espacios para hacer las inversiones en infraestructuras de generación: cubiertas, suelos, subsuelo…
TODA SEVILLA generará anualmente más de 10 GWh de energía renovable. Esta producción de energía solar supone un ahorro de emisiones de 70.000 toneladas de CO2 en la vida útil de las instalaciones, lo que equivale a plantar 300.000 repartidos entre los municipios que conforman la comunidad energética y que estarían absorbiendo CO2 de la atmósfera durante 25 años.
Esas Comunidades Energéticas Locales (CELs) tienen personalidad jurídica propia y son las que acometen las diferentes inversiones en instalaciones, placas y demás necesidades derivadas del servicio, repercutiendo a sus asociados los costes que ello conlleva.
Cada socio, en función del porcentaje de participación que tenga en la celda de generación de su entorno, paga un valor de cuota. Esta participación en la capacidad de generación de su celda genera un valor de kilowatios equivalente cada hora. Esa generación hora a hora se le comunica a la comercializadora con la que tiene contrato el socio y se la descuenta íntegramente del consumo que haya tenido, dejando un neto de energía que es el que le facturaría la comercializadora al precio que tenga estipulado por su contrato. Los kilowatios comprados a la comercializadora fluctúan de precio y tienden a subir, pero los generados por el sol en «su parte» de placa fotovoltaica, son tarifa plana, al valor de la amortización más el mantenimiento y cuando se amortice la inversión, caen a sólo el valor del mantenimiento.
El fin último es que la energía generada alivie un alto porcentaje de la factura energética tanto en domicilios particulares, sedes de empresas y administraciones locales, además de reducir de forma notable la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ayudando a frenar los efectos del cambio climático.